Los seis acusados en el caso conocido como Acinipo, se han declarado inocentes. El juicio oral ha comenzado este lunes en la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Málaga, y durante el mismo se ha preguntado a cada uno de ellos cómo se declaraban, a los que uno a uno han contestado que inocentes.
En el banquillo de los acusados hay tres exconcejales, el exsecretario municipal, el que fuera arquitecto del Ayuntamiento y un empresario. También estaban acusados el exalcalde Antonio Marín Lara y un empresario, pero ambos han fallecido.
Los demandados están acusados de prevaricación, falsedad y cohecho en relación con operaciones urbanísticas en el municipio.
En el trámite de cuestiones previas los abogados de la defensa han planteado que los supuestos planteados contra los acusados han prescrito prescripción, además de la nulidad de ciertas actuaciones por considerar que se habría vulnerado el derecho de defensa.
Tanto el fiscal como la acusación popular, ejercida por Izquierda Unida, por otra parte han rechazado estos argumentos esgrimidos por las defensas.
La sala ha desestimado todas las tesis de las defensas aunque se reserva el derecho de cambiar de opinión si a lo largo del juicio, cuando se tenga un conocimiento más profundo del asunto, o se demostrara lo contrario. La operación Acinipo arrancó en septiembre de 2011, hace ya más de una década.
Según la acusación se cometieron diversas irregularidades entre ellas las urdidas por el exregidor y un empresario local, ambos fallecidos, para instalar un centro comercial, donde hubo varios intentos fallidos y finalmente se consiguió tras permutar por otros terrenos la parcela municipal en la que se asentaba el recinto ferial de Ronda de manera irregular, directa y arbitrariamente.
Anticorrupción por otro lado mantiene que no está acreditado que el entonces regidor adoptara ciertas decisiones a cambio de contraprestaciones o promesas de naturaleza económica, pero no descarta la posibilidad de recibir futuras ayudas.
Para esta operación considera la fiscalía que contó con la colaboración del arquitecto y del exsecretario municipal, con los que habría elaborado presuntamente un procedimiento basado en la incoación y tramitación por diferentes órganos municipales de dos expedientes separados, uno de permuta y otro de planeamiento urbanístico. Y lograr de este modo desvincular la permuta de las modificaciones urbanísticas.
El exalcalde y dos exconcejales están acusados también de aceptar un préstamo de 45.000 euros del empresario fallecido y así garantizar que la corporación votara a favor de sus intereses, dinero que los ediles nunca devolvieron y tampoco se lo reclamaron.
El promotor del centro comercial obtuvo, a cambio, una moratoria de año y medio para pagar los casi 500.000 euros que debía abonar al consistorio en concepto de garantía ante la ejecución de la obra.
El juicio está señalado hasta el 22 de julio, día que tienen previsto las conclusiones y los informes finales
