La aprobación definitiva de la zona naranja de aparcamiento centró el debate del último pleno de Ronda, una medida que limitará el estacionamiento de pago a tres horas para los conductores de la Serranía y que contó con el rechazo de la oposición y del tejido empresarial.
El pleno municipal de Ronda aprobó de forma definitiva la nueva regulación del estacionamiento que introduce la zona naranja en el centro urbano. El sistema permitirá aparcar gratuitamente únicamente a los vehículos domiciliados fiscalmente en la ciudad, mientras que los conductores procedentes de la Serranía deberán abonar el estacionamiento y limitar su permanencia a un máximo de tres horas.
La medida generó un intenso debate político y social, al afectar directamente a vecinos de los municipios del entorno que se desplazan a diario a Ronda por motivos laborales, sanitarios, administrativos o comerciales. Los grupos de la oposición expresaron su rechazo a la regulación, al considerar que penaliza a la población de la Serranía y puede dificultar el acceso al centro histórico. En la misma línea se ha manifestado la asociación empresarial APYMER, que ha advertido del impacto que la nueva normativa puede tener sobre el comercio local.
Además de la regulación del aparcamiento, el pleno dio luz verde a la cesión de parte del antiguo Hospital Comarcal para su transformación en la futura Facultad de Ciencias de la Salud. El proyecto permitirá ampliar la oferta universitaria en la ciudad con estudios vinculados al ámbito sanitario, una actuación que contará con financiación externa para la remodelación del edificio.
La sesión también aprobó el destino del superávit municipal a distintas inversiones, entre ellas actuaciones en calles, caminos públicos, alumbrado y mejoras urbanas en varios puntos del término municipal. Asimismo, se ratificó de forma definitiva el Plan Municipal contra el Cambio Climático, un documento que servirá como marco para futuras actuaciones y para la solicitud de ayudas en materia ambiental.
El pleno abordó igualmente la cesión de uso de locales municipales a entidades culturales y cofrades, así como asuntos relacionados con la captación de fondos europeos, que generaron también debate entre los distintos grupos políticos.