Magistrados, fiscales, abogados, procuradores, funcionarios judiciales y ciudadanos se han concentrado este mediodía en Ronda en apoyo al parón convocado a nivel nacional por la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales. La movilización ha tenido lugar a las 12:00 horas frente a los juzgados del partido judicial, en protesta por los recientes proyectos de reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal, así como por la reestructuración del Ministerio Fiscal.
Durante el acto, se ha leído un manifiesto conjunto en el que se denuncia que estas reformas “amenazan gravemente la independencia judicial, piedra angular del Estado de Derecho consagrado en la Constitución de 1978 y requisito esencial para una verdadera democracia y pertenencia a la Unión Europea”.
Los convocantes critican duramente la tramitación urgente de un proyecto de ley “que no responde a ninguna demanda social” y que, según explican, ha recibido un informe muy crítico del Consejo General del Poder Judicial. A su juicio, se pretende “rebajar la excelencia en el acceso a la judicatura y fiscalía” mediante la eliminación de contenidos esenciales en las pruebas de oposición y la introducción de criterios “más subjetivos y susceptibles de filtración”.
Uno de los aspectos más controvertidos señalados en el manifiesto es la creación de un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno, lo que, según denuncian, podría derivar en una selección ideológica de futuros jueces y fiscales. Además, alertan de que se pretende incorporar a 1.300 jueces y fiscales sustitutos sin superar pruebas de acceso equiparables a las tradicionales, lo que “atenta contra los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.
Respecto al Ministerio Fiscal, se advierte de una “mayor politización” al querer incrementar las competencias del Fiscal General del Estado, que seguiría siendo designado por el Gobierno sin filtros previos. Esta medida, sumada a la supresión de garantías de autonomía de los fiscales, “incrementaría aún más el riesgo de injerencias políticas, especialmente en causas de corrupción”.
El manifiesto también denuncia un “ambiente de descrédito continuo al Poder Judicial”, con declaraciones políticas que “deslegitiman resoluciones judiciales” y “minan la confianza ciudadana en la justicia”, alertando de un deterioro de las instituciones democráticas.
Por todo ello, los convocantes han exigido la retirada inmediata de ambos proyectos legislativos. En caso contrario, no descartan adoptar “medidas de conflicto más intensas, incluida la huelga”, que ya ha sido anunciada para la próxima semana.
La protesta ha concluido con un llamamiento a la ciudadanía y a los responsables políticos para preservar la independencia judicial y garantizar una fiscalía imparcial, como pilares fundamentales del Estado de Derecho. Además, se ha reiterado la necesidad urgente de crear más plazas judiciales y fiscales para mejorar la calidad del servicio público de justicia.