En una reciente rueda de prensa en la Casa del Pueblo, la parlamentaria andaluza socialista Isabel Aguilera ha denunciado el estado del sistema de dependencia en Andalucía. Según Aguilera, más de 55,000 pacientes en toda la comunidad esperan ser atendidos, valorados o recibir prestaciones del sistema de ayuda a la dependencia. En Málaga, se reportan 12,000 familias que se sienten abandonadas por el Gobierno del Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla.
Aguilera destacó que, en Ronda, más de 400 personas están a la espera de ser valoradas o recibir los recursos que les corresponden por ley. La parlamentaria reconoció el trabajo de los profesionales del sistema de dependencia, quienes, desde 2006, han sido fundamentales en la atención a miles de familias, pero que hoy se ven obligados a manifestarse por la mala gestión del gobierno andaluz.
Durante la rueda de prensa, Aguilera mencionó que los sindicatos han constituido una plataforma en defensa del sistema de dependencia y que, recientemente, han marchado desde Málaga a Sevilla para visibilizar esta crisis. Aseguró que el problema no radica en la falta de financiación, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado significativamente los fondos para este sistema. En 2018, la Junta de Andalucía aportaba el 80% de la financiación; actualmente, solo contribuye con un 60%.
La situación se agrava con el aumento de las listas de espera, donde las personas mayores de 80 años deben esperar más de 20 meses para ser atendidas. Aguilera enfatizó que este es un «despropósito» que socava los derechos de los andaluces. Los profesionales del sector también han denunciado un sistema de cita deficiente y la falta de valoración para aquellos cuya condición ha empeorado después de recibir su reconocimiento de recursos.
Desde el Partido Socialista, Aguilera ha realizado una llamada al Gobierno de la Junta de Andalucía para que escuche las voces de los profesionales y de las familias afectadas. Asimismo, instó a la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, a que tome medidas para defender los derechos de los rondeños y rondeñas en espera de atención y recursos. La parlamentaria concluyó soluciones inmediatas para abordar esta crisis y garantizar que todos los andaluces puedan ejercer su derecho a la atención en igualdad de condiciones con el resto de España.