Hay veces en que la política, más que un servicio, se convierte en un laberinto de sospechas: y en Ronda ese laberinto tiene más recodos que la cuesta del Espíritu Santo. Da la impresión de que cada decisión municipal —desde un contrato de temporada hasta la cesta de Navidad de los trabajadores de Soliarsa— queda sujeta al juicio público más cainita y al reproche más avieso del adversario, que aprovecha que el Tajo está ahí para hacer leña con los ecos que devuelven los tribunales, siempre muchos años después, cuando ya nadie recuerda la raíz del asunto y lo que queda es el desgaste de los nombres.
El llamado caso Soliarsa, que ha devuelto a titulares a la actual alcaldesa, Maripaz Fernández, y a una de sus predecesoras de signo contrario, María Teresa Valdenebro, es un ejemplo perfecto de la fragilidad en la que se mueven los responsables públicos de una ciudad pequeña que vive, más que muchas, de su imagen. Lo que en un momento se aprueba en convenio, en otro puede leerse como malversación: lo que se presenta como un gesto de reconocimiento y premio por el buen hacer de la plantilla, acaba en la letra fría de un escrito fiscal.
El ciudadano que hojea el periódico o abre el móvil en la barra de un bar podría pensar que hablamos de grandes desfalcos o de alguna de esas tramas de telediario: sin embargo, la letra pequeña habla de comidas de hermandad, de bolsas con regalos que en ningún caso podrían tildarse de corrupción, de pluses pactados, de contrataciones que se defienden como necesarias para que la ciudad siga luciendo limpia ante los ojos de turistas y rondeños. No digo que todo esté bien ni que no corresponda a los jueces aclararlo a petición de la Fiscalía: digo que la dureza de la política local se mide aquí con un rigor casi draconiano, en episodios donde el límite entre detalle administrativo y delito parece cada vez más difuso.
Las dos alcaldesas sostienen que estos hechos ya fueron vistos y sobreseídos, que el Tribunal de Cuentas avaló la gestión y que incluso en algunos casos los juzgados dieron la razón a los trabajadores ordenando mantener sus cestas y beneficios: la Fiscalía insiste, sin embargo, en que se vulneraron normas de contratación y que hubo decisiones arbitrarias. Puede que haya datos nuevos que al común de los mortales se nos escapen: por eso urge que se aclare de manera pedagógica, casi a nivel de parvulitos en leyes, qué supuestos delitos están sobre la mesa.
Entre esas dos orillas queda siempre el político: que no es otra cosa que un vecino al que un día se le confió el timón de Ronda y que termina viendo su nombre arrastrado durante meses o años por procedimientos que entienden solo los abogados. Quizá esa sea la lección amarga: que gobernar una ciudad de tamaño mediano puede ser tan despiadado como hacerlo en un ministerio que maneja miles de millones. Aquí no hay gesto inocente: ni siquiera el de mantener contenta a la plantilla de una empresa municipal de limpieza puede hacerse sin el riesgo de que alguien lo lea en clave penal. Y quienes reclaman a los políticos cercanía y humanidad deben saber que detrás de esa mano tendida hay siempre una espada colgando sobre la cabeza.
No está de más recordar que hasta el mismísimo Vicente Espinel, gloria literaria de Ronda, hubo de salir por patas de la ciudad acusado de corruptelas: y que Cervantes, cuando pasó por estas sierras como recaudador de la Hacienda real, también fue señalado y procesado por desórdenes en las cuentas. Nuestra historia parece empeñada en repetirnos que en Ronda las luces del genio y las sombras de la sospecha van siempre en pareja.
No pocos políticos locales —honestos o no, eso ya lo dictará la historia— sufrieron condenas de prensa, radio y redes sociales para después ser absueltos. De ahí que con estos temas haya que andar con pies de plomo: tan delicados como nos gustaría que fueran los demás cuando hablan de nosotros. Pero si algo he aprendido con los años es que a cada cual le aprieta su propio zapato y al prójimo que le vayan dando. Así es la paradoja de la política rondeña: reclama ternura y castiga la ternura con sospecha. Hace de cada alcalde un equilibrista obligado a caminar sobre un hilo demasiado fino, donde cualquier movimiento puede convertirse en delito o en virtud según quién lo mire. Y al final, no encuentro mejor manera de describirlo que aquella maldición gitana tan vieja como certera, cuando le decían al payo con media sonrisa amarga: pleitos tengas y los ganes. Porque no hay victoria que desgaste más que la de verse en los tribunales aunque uno termine absuelto.