Seis inscripciones en el padrón municipal con el mismo domicilio han derivado en expedientes sancionadores contra el inquilino de una vivienda de Ronda. La Policía Nacional considera que los empadronamientos no respondían a una residencia real en el inmueble.
La actuación se ha desarrollado en el ámbito administrativo de la Ley de Extranjería y afecta a media docena de ciudadanos extranjeros que, según la investigación, figuraban empadronados en esa vivienda pese a no haber vivido allí.
Un mismo domicilio en varios trámites
Las pesquisas comenzaron a partir de una información procedente de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Córdoba. Los agentes detectaron que varios ciudadanos marroquíes presentaban el mismo lugar de empadronamiento en sus trámites de documentación.
Ese domicilio se encontraba en Ronda y se repetía en los casos analizados. A partir de ahí, el Grupo Local de Extranjería de la Comisaría rondeña inició las comprobaciones para determinar si las inscripciones correspondían a una convivencia real.
El padrón municipal no puede utilizarse para acreditar una residencia que no existe.
Durante la investigación se revisó documentación del padrón municipal y se realizaron comprobaciones en el entorno de la vivienda, incluidos contactos vecinales, según la información facilitada por la Policía Nacional.
Los empadronados no habrían residido en la vivienda
Las diligencias permitieron concluir que los extranjeros inscritos en el inmueble no habrían convivido en la vivienda y que nunca llegaron a residir en ella. El investigado, arrendatario del domicilio, habría autorizado o consentido esos empadronamientos.
Según las pesquisas, las personas empadronadas se encontraban en situación irregular en el momento de realizar los trámites. La finalidad de esas inscripciones habría sido utilizarlas más adelante, junto con otros requisitos, en solicitudes de autorización de residencia en España.
La Policía Nacional ha tramitado seis expedientes administrativos sancionadores contra el inquilino del inmueble, uno por cada persona indebidamente inscrita, siempre dentro del procedimiento previsto en la normativa de extranjería.
Multas previstas por la Ley de Extranjería
La Ley de Extranjería contempla como infracción grave autorizar o consentir el empadronamiento de una persona en una vivienda cuando ese domicilio no es su residencia real. Esta conducta puede considerarse un empadronamiento en fraude de ley.
La sanción económica prevista oscila entre 501 y 10.000 euros por cada persona indebidamente inscrita, siempre que los hechos no constituyan una infracción penal. En este caso, la investigación ha discurrido por la vía administrativa.
El procedimiento queda ahora sujeto a la tramitación de los expedientes sancionadores, en los que se determinará la posible responsabilidad del investigado conforme a la normativa aplicable.
