Un teniente destinado en la base de la Legión de Ronda será juzgado por la Justicia Militar tras ser procesado por una presunta agresión sexual a una dama legionaria ocurrida durante una celebración navideña celebrada a finales de 2024. La acusación particular solicita una condena de cinco años de prisión, mientras que la Fiscalía Jurídico Militar reclama dos años de cárcel.
Según los escritos de acusación, los hechos se remontan a la madrugada del 13 de diciembre de 2024, cuando varios militares se encontraban celebrando una reunión en Ronda tras una comida navideña. En un momento de la noche, la joven soldado, que entonces tenía 21 años, acompañó al oficial a una planta superior de una vivienda para recoger una prenda de abrigo.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular sostienen que, una vez allí, el teniente habría realizado un acercamiento físico no consentido a la soldado. Según el relato recogido en el procedimiento judicial, la denunciante rechazó en varias ocasiones las insinuaciones del oficial y manifestó expresamente su negativa.
La investigación ha sido desarrollada por el juzgado togado militar competente y ha concluido con el procesamiento del mando militar por un presunto delito de abuso de autoridad en su modalidad de agresión sexual, contemplado en el Código Penal Militar, en concurso con un presunto delito de agresión sexual recogido en el Código Penal ordinario.
La Fiscalía Jurídico Militar solicita una pena de dos años de prisión, la suspensión de empleo militar y el pago de una indemnización de 2.000 euros a la denunciante. Por su parte, la acusación particular eleva la petición de condena hasta los cinco años de cárcel y reclama una indemnización de 15.000 euros por los presuntos daños morales y psicológicos sufridos.
Según la documentación judicial, al día siguiente de los hechos el oficial mantuvo una conversación telefónica con la denunciante en la que, de acuerdo con el escrito de acusación, le pidió disculpas y manifestó que había interpretado erróneamente la situación.
Será ahora la Justicia Militar la que determine, tras la celebración del juicio, si los hechos son constitutivos de delito y la posible responsabilidad penal del acusado.
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