La resolución fija una fianza cercana a los 135.000 euros para Mari Paz Fernández y más de 340.000 euros en el conjunto de los seis acusados. La regidora mantiene su inocencia y asegura que responderá a las acusaciones durante el juicio.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda ha acordado la apertura de juicio oral por el denominado caso Soliarsa, la investigación sobre la gestión de la empresa municipal de limpieza y recogida de residuos durante el periodo comprendido entre 2018 y 2020.
La resolución judicial, que ya es firme y no admite recurso, dirige el procedimiento contra seis personas: la actual alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández; la exalcaldesa Teresa Valdenebro; tres trabajadores municipales vinculados a la empresa pública; y un empresario.
Además, el juzgado ha impuesto fianzas para garantizar las posibles responsabilidades civiles que pudieran derivarse del procedimiento. En el caso de la actual alcaldesa, la cuantía asciende a cerca de 135.000 euros, mientras que para la exalcaldesa se establece una fianza próxima a los 35.000 euros. En conjunto, las cantidades fijadas superan los 340.000 euros.
La causa será juzgada por la Audiencia Provincial de Málaga, aunque todavía no se ha señalado la fecha para la celebración de la vista oral.
La investigación
El procedimiento tiene su origen en una investigación sobre la gestión de Soliarsa durante los años 2018, 2019 y 2020. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, durante ese periodo se habrían producido distintas actuaciones presuntamente contrarias a la legalidad relacionadas con la contratación de personal, la adquisición de materiales y la gestión económica de la empresa municipal.
Entre los hechos investigados figuran la incorporación de trabajadores sin seguir, presuntamente, procedimientos que garantizaran los principios de igualdad, mérito y capacidad; compras de material sin cumplir los requisitos establecidos por la legislación sobre contratación pública; así como distintos gastos que, según el Ministerio Público, no guardaban relación con la actividad propia de la empresa.
La investigación también analiza la actuación de varios empleados municipales y de un empresario por una supuesta emisión de facturas correspondientes a materiales que, presuntamente, no llegaron a suministrarse y que habrían sido justificadas mediante documentación cuya autenticidad cuestiona la Fiscalía.
Delitos que atribuye la Fiscalía
La Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de diversos delitos.
En el caso de Mari Paz Fernández y Teresa Valdenebro, el Ministerio Público les atribuye presuntos delitos de fraude y malversación de caudales públicos, por los que solicita cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación.
Para los tres trabajadores municipales investigados reclama seis años de prisión y diez de inhabilitación por presuntos delitos continuados de falsedad documental, prevaricación y malversación.
En cuanto al empresario procesado, la petición de la Fiscalía también asciende a seis años de cárcel, al atribuirle presuntos delitos de falsedad documental y fraude.
La alcaldesa mantiene su inocencia
Mari Paz Fernández ha rechazado públicamente las acusaciones desde el inicio del procedimiento y sostiene que no cometió ninguna irregularidad durante su etapa al frente del Ayuntamiento.
La regidora ha defendido que el escrito de acusación contiene errores, ha recordado que el Tribunal de Cuentas archivó una investigación relacionada con Soliarsa sin apreciar responsabilidades contables y ha señalado que algunas de las decisiones investigadas corresponden a etapas anteriores a su llegada a la Alcaldía.
Asimismo, ha asegurado que determinados gastos cuestionados estaban recogidos en el convenio colectivo de la empresa municipal y ha reiterado que responderá a todas las acusaciones durante la celebración del juicio.
Con la apertura de juicio oral concluye la fase de instrucción y será ahora la Audiencia Provincial de Málaga la encargada de fijar la fecha para el inicio del proceso judicial.
