Cualquiera que habite en Ronda sabe que, a día de hoy, una de las infraestructuras más necesarias en nuestra ciudad es una Estación de Autobuses acorde a un lugar cuya mayor fuente de ingresos es el turismo.
Partiendo de esa base lo normal sería que todas las fuerzas políticas unieran fuerzas para que Ronda contara lo más rápido posible con un lugar apropiado donde atender la llegada de la multitud de autobuses que vienen a la ciudad, en condiciones normales, e incluso en los días buenos dentro del estado de pandemia, pero por supuesto cumpliendo con la legalidad.
La polémica surgida después del anuncio por parte del PSOE de que la Fiscalía Provincial de Málaga ha emitido un decreto con fecha 7 de febrero de 2022, anunciando que, una vez finalizadas las diligencias previas donde se investigaban las diferentes actuaciones llevadas a cabo sobre la futura Estación de Autobuses de Ronda, ha procedido a interponer la consiguiente denuncia ante, el Juez Decano de Marbella, por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito hace que se generen dudas e incluso podría haber una paralización.
Parece que todo sería más fácil si estos temas se judializaran menos y se dialogaran más. Al final pierde Ronda, perdemos los rondeños y se ralentiza una infraestructura básica y urgente.
Desde el equipo de gobierno se defienden los informas técnicos favorables para la construcción de la nueva Estación de Autobuses, así como el víal de acceso y el puente peatonal.
Al final será la justicia la diga quién lleva la razón, pero parece razonable, entre personas sensatas, cogerse de la mano y caminar juntos cuándo el objetivo es el mismo, el bien colectivo.
